Dos directivos asumen su responsabilidad por dos accidentes mineros en Cerredo en 2012

Han aceptado una pena individual de 9 meses de prisión, que podrá ser sustituida por multa de 2.160 euros

Dos directivos mineros han asumido su responsabilidad y aceptado las condenas propuestas por la Fiscalía del Principado, que incluyen penas de prisión por un total de nueves meses para cada uno, que podrán ser sustituidas por multas totales de 2.160 euros, a raíz de dos accidentes ocurridos en la explotación de Cerredo (Degaña) en febrero y julio del 2012.

La conformidad entre las defensas de los procesados y la Fiscalía, que ha admitido dilaciones indebidas, ha evitado la celebración de los juicios.

Primer accidente

El primero de los accidentes se remonta al 13 de febrero de 2012. Sobre las 18.30 horas, un trabajador de la empresa Carbocal S.A., de 44 años y con categoría de ayudante minero, se encontraba realizando labores de entibación en la galería en estéril de cabeza del taller por Capa Rosario Este, entre la 2ª y la 1ª Planta, en el Coto Minero Cerredo, perteneciente entonces a las empresa Coto Minero Cantábrico (CMC) y Unión Minera Del Norte (Uminsa).

El trabajador estaba junto a otros dos compañeros reforzando un tramo de galería, mediante la colocación de cuadros metálicos por debajo de los ya existentes. Para ello se utilizaba una máquina elevadora. Cuando la grúa se desplazaba con el cuadro suspendido en dirección al lugar de colocación, el trabajador iba sujetándolo con la mano, situado entre la plataforma y el cuadro, con el objeto de evitar el balanceo del mismo.

En el transcurso de esta operación, la grúa se desniveló (al pisar su rueda derecha delantera una piedra que había en la galería), lo que provocó el movimiento brusco del cuadro, golpeando en la espalda y en la pierna al trabajador, causándole varias fracturas. Además de la asistencia sanitaria precisó tratamiento médico-ortopédico y rehabilitación, invirtiendo en su curación 133 días impeditivos, de los cuales 7 estuvo hospitalizado. Le han quedado como secuelas una ligera lumbalgia residual referida.

El trabajador fue atendido por el Servicio de Salud del Principado (SESPA) y los gastos asistenciales ascendieron a 1.203,49 euros, que han sido abonados por Mutua Montañesa.

La Fiscalía sostuvo que el procedimiento de trabajo, «no garantizaba absolutamente la seguridad de los trabajadores», al no prever que la distancia de seguridad podía ser insuficiente en supuestos de balanceo por obstáculos durante el traslado. Es por ello que «el accidente se debió a una ejecución de los trabajos de reforzamiento y posteo de la galería basada en prácticas parcialmente inseguras para los operarios implicados».

El primero de los acusados, Director Facultativo de la explotación, «con amplias facultades en materia de seguridad, debería haber elaborado un protocolo de actuación que incluyera, entre otros, un documento que evaluase los riesgos» y «debería haberse cerciorado de que los trabajadores estuvieren adecuadamente formados e informados».

El segundo acusado, Director Técnico responsable de la zona de Explotación “Pozo Túnel”, «contaba con amplias facultades en materia de seguridad, era conocedor de que los trabajos se estaban desarrollando sin contar con un procedimiento totalmente seguro y sin que los trabajadores estuvieran adecuadamente formados e informados de la forma absolutamente correcta».

El trabajador manifestó su voluntad de no efectuar reclamación.

Los dos acusados reconocieron los hechos, que fueron considerados constitutivos de un delito contra la vida y salud de los trabajadores por imprudencia grave, y de un delito de lesiones imprudentes. Ambos aceptaron las siguientes penas para cada uno, junto con el pago de las costas procesales:

  • Por el delito contra la vida y la salud de los trabajadores, UN MES Y QUINCE DÍAS de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y UN MES Y QUINCE DÍAS de multa, con una cuota diaria de 4 euros (180 euros), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
  • Por el delito de lesiones por imprudencia grave, UN MES Y QUINCE DÍAS de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

El Fiscal no se opuso a la sustitución de la pena de prisión por multa, a razón de 8 euros por cada día de privación de libertad, lo que supone una cantidad de 720 euros, cada uno, por los tres meses que suman las dos penas de prisión.

Además, y en concepto de responsabilidad civil, los acusados indemnizarán conjunta y solidariamente a Mutua Montañesa por el importe de los gastos asistenciales. De forma directa responderán las aseguradoras y, de forma subsidiaria, las entidades Carbocal, CMC y Uminsa.

Segundo accidente

El segundo de los accidentes se produjo el 5 de julio de2012, cuando tres trabajadores de la empresa Carbocal, se encontraban realizando labores ordinarias en la chimenea sobre la Capa Berta Este entre la 2ª y 1ª planta de la explotación, de la que era Uminsa, contratista de la entidad Carbocal.

Una vez terminada la jornada, sobre las 17 horas, los trabajadores descendieron de la forma habitual por la chimenea, sujetándose a las mampostas. En un momento dado uno de ellos perdió el agarre a una mamposta y se deslizó unos 40 metros, hasta que se detuvo en las inmediaciones de la compuerta. Los otros dos trabajadores no fueron arrastrados gracias a que iba en primer lugar.

A consecuencia de estos hechos, el trabajador, que ha sido indemnizado con 270.000 euros y ha renunciado al ejercicio de acciones civiles y penales, sufrió politraumatismo por precipitación en accidente de mina (fractura cerrada de bóveda craneal, hemorragia subaracnoidea, subdural y extradural, fractura cerrada de base de cráneo, contusión cerebral, coma prolongado y traqueítis aguda), que precisaron de una primera asistencia facultativa así como de tratamiento médico posterior (farmacológico, ortopédico y rehabilitador). Las lesiones precisaron para su curación de 229 días, 34 de ellos de hospitalización. Le quedaron varias secuelas.

La Fiscalía sostuvo que el accidente se produjo «por no disponer de medios preventivos suficientes y adecuados, siendo los elementos de agarre y de sujeción existentes manifiestamente insuficientes como para impedir que en el supuesto de pérdida de equilibrio o agarre, se eliminase o redujese el riesgo de sufrir graves lesiones por los trabajadores». A esto cabe añadir que «la información y formación suministrada al trabajador lesionado no guarda relación con la actividad que estaba realizando en el momento del accidente».

El coste de la atención sanitaria dispensada por el Sespa ha sido abonado, mientras que la evacuación del trabajador lesionado en helicóptero tuvo un coste de 4.074,04 euros, que no ha sido abonado al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

La Fiscalía entiende que «los acusados eran plenamente conocedores de sus obligaciones de adopción de medidas de seguridad y de formación de los trabajadores, así como del riesgo en el que se incurría para con ellos». Además, se da la circunstancia de que el 10 de mayo de 2010, en la chimenea sobre la Capa Inesperada, entre la 2ª Planta  y el Piso Cero Oeste, del Coto Minero Cerredo, otro trabajador, se precipitó al perder el equilibrio, siendo presuntamente responsables los mismos acusados, en condiciones semejantes a las del presente procedimiento.

Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito contra la vida y la salud de los trabajadores y de un delito de lesiones por imprudencia grave. Concurre la circunstancia atenuante de reparación del daño como muy cualificada.

Los dos acusados reconocieron su responsabilidad en los hechos y aceptaron las siguientes penas:

  • Primer acusado:
    • Por el delito contra la vida y la salud de los trabajadores, las penas de TRES MESES de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y TRES MESES de multa con una cuota diaria de 4 euros (360), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
    • Por el delito de lesiones por imprudencia grave, la pena de TRES MESES de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
  • Segundo acusado:
    • Por el delito de lesiones por imprudencia grave, la pena de SEIS MESES de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

El Fiscal no se opuso a la sustitución de las penas de prisión por multa, a razón de 8 euros por cada día de privación de libertad, con cuota diaria de 4 euros. Esto supone, para cada uno de los acusados 1.440 euros.

Además, los dos acusados indemnizarán al Sepa con 4.074,04 euros por los gastos del helicóptero. De esta cantidad responderán directamente las aseguradoras y, de forma subsidiaria, las mercantiles Uminsa y Carbocal S.A.




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