Ocho de los mineros acusados por un piquete en 2012 reconocen los hechos

Ocho de los nueve mineros acusados de formar parte de un
piquete que cortó la A-63 (Grado-La Espina) con neumáticos ardiendo en junio de
2012 reconocieron hoy los hechos y aceptaron una condena de 6 meses de prisión
cada uno, a sustituir por el pago de una multa de 1.080 euros (360 cuotas de 3
euros, también cada uno), además del abono de las indemnizaciones solicitadas
por la Fiscalía y las costas. 

El juicio se celebró para el noveno de los acusados, que
negó las imputaciones y para el que la Fiscalía solicita una pena de 1 año y 6
meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena, pago de 1/9 de las costas y abono de su parte
proporcional de las indemnizaciones.

La Fiscalía sostiene que, con motivo de las movilizaciones
de trabajadores «llevadas a cabo en protesta por las medidas adoptadas por el
Gobierno respecto de las subvenciones públicas a la minería del carbón», sobre
las 10 horas del 12 de junio de 2012, varios piquetes se concentraron a la
altura del punto kilométrico 15 de la autovía A-63, en Grado. Allí cortaron la
circulación, en ambos sentidos de la vía, con barricadas de neumáticos.

El relato del Ministerio Fiscal señala que «en el momento
en que llegaron al lugar fuerzas antidisturbios de la Guardia Civil y ordenaron
despejar la autovía, los manifestantes prendieron fuego a los neumáticos y
lanzaron voladores y piedras contra los agentes». Seguidamente, y ante el
empleo de material antidisturbios por la Guardia Civil, se dispersaron por los
montes aledaños y carreteras paralelas, siendo perseguidos por los agentes, que
lograron detener a los nueve acusados. Todos ellos tomaron parte activa en el
corte de la vía pública, según la Fiscalía, y se encontraban entre las personas
que lanzaron objetos a los guardias civiles, si bien no consta que ellos
personalmente lo hicieran.

A consecuencia de la acción de los piquetes resultaron
heridos leves dos agentes. Asimismo, se causaron desperfectos materiales en la
vía (barras de seguridad y aglomerado) valorados por la Demarcación de Carreteras
del Estado en 2.335,15 euros, incluyendo materiales y mano de obra.

Los ocho acusados que reconocieron los hechos admitieron
la comisión de un delito de desórdenes públicos. Además de los 6 meses de
prisión (sustituibles por la multa) y las costas (1/9 cada uno de ellos), los
ocho acusados aceptaron pagar, de forma conjunta y solidaria (sin contar la
parte correspondiente al noveno acusado), una indemnización  a uno de los agentes heridos de 180 euros,
otra de  270 euros al otro, otra al Sespa
de la cantidad que se acredite en concepto de gastos asistenciales y otra a la
Demarcación de Carreteras del Estado de 2.335,15 euros.