Podemos pregunta por las responsabilidades en el caso de Antracitas de Gillón

26 octubre 2016 17:03

La formación habla de «restauración fantasma» en la antigua explotación de Cangas del Narcea

El diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova acusó hoy de dejación de funciones a la Dirección General de Minas y la Consejería de Industria durante los años en los que el hoy presidente del Principado, Javier Fernández, se encontraba al frente de las mismas. El parlamentario recordaba que recientemente se conocía que «la ciudadanía asturiana se veía obligada a pagar por tercera vez los platos rotos de Antracitas de Gillón, una empresa minera que explotó sin miramientos el carbón del Narcea, dejando a sus espaldas un reguero de paro y una deuda en forma de daños en el entorno, por cuya reparación cobraron sin haberla llevado a cabo», señaló.

Lejos de ser penalizada, añadió, «lo hizo bajo el amparo de una administración asturiana irresponsable, de una Dirección de Minas y una Consejería de Industria que, mientras tramitaban los falsos expedientes de restauración, tenían al frente al actual presidente de Gobierno asturiano, Javier Fernández, y al condenado por corrupción Víctor Zapico».

Historia

Fernández Vilanova explicó que, en 1960, Antracitas de Gillón S.A., inicia la explotación minera en el valle de Gillón. Llegó a tener 1,000 trabajadores hasta que inició su plan de cierre, comprendido entre 1991 y 2005. Su funcionamiento no fue obstáculo para incluir los 12 kilómetros cuadrados que ocupaba dentro de los lindes del Parque de Fuentes del Narcea, declarado en 2012. Percibió como ayudas públicas 43 millones de euros por lucro cesante, a los que se sumaron 1,5 millones para una restauración medioambiental que nunca ocurrió.

En 2005, la Asociación de Vecinos y Amigos de Gillón y los Valles del Narcea, denunció que las edificaciones del pueblo de Gillón habían sido dañadas como consecuencia de corrimientos de tierra causados por la actividad minera de Antracitas de Gillón SL. Habiéndose declarado la empresa en concurso de acreedores en 2012, cuando se dicta sentencia en 2013 fue la Consejería de Industria la que tuvo que pagar solidariamente 4’7 millones (3’5+1’2 de intereses), como responsable ‘in vigilando’.

Además, el mismo grupo de vecinos denunció ante el Seprona en 2011 y ante el inspector de obras del Ayuntamiento de Cangas del Narcea que la supuesta restauración de los grupos Perfectas-Riotorno y Coto-Matiella, era inexistente. La inspección del SEPRONA «fue detallada y contundente y señala las numerosas irregularidades: residuos tóxicos (amianto), un pozo de ventilación y un bocamina abiertos, sin tapar, construcciones a medio derruir, y múltiples escombreras que afectan a ríos, arroyos y al vecindario».

Por este motivo, prosigue, la Audiencia Nacional condenó el 30 de marzo de 2015 a confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) a financiar la restauración del entorno del grupo Perfectas-Riotorno, calculada en 1’5 millones de euros. «Aclarar que, aunque no se menciona en la sentencia, el de Coto-Matiella tampoco está restaurado, cuestión que todavía se halla pendiente de recurso. La ciudadanía pagará por tanto triplemente por un mismo concepto. Primero a la empresa por la restauración fantasma, después los daños a las casas de Gillón, y por último, la que tendrá que ser la restauración real».

Petición de información

Podemos ya solicitó en febrero de 2016 los expedientes en poder de la administración sobre el cumplimiento de las medidas de restauración de las instalaciones de Antracitas de Gillón. El Gobierno, critican, «no remitió esa documentación sino un informe confeccionado a partir de extractos, todos ellos referentes al grupo Coto-Matiella, pero no al de Perfectas-Riotorno, que es precisamente el que la última sentencia dictamina como no restaurado y que obliga a restaurar. También se trata, casualmente, de aquél cuya tramitación llevó a cabo la Dirección General de Minas al frente de la cual se encontraba Javier Fernández en 1991».

Por ese motivo, «ante la ocultación de información, reiteramos la petición, especificando detalladamente los documentos necesarios para esclarecer las responsabilidades en torno a este fraude millonario, amparado por la Dirección General de Minas en 1991 y 2006». También registrarán una serie de preguntas requiriendo una explicación por parte del Gobierno asturiano, «no sólo por el fraude cometido en 1991, sino por la dejación de funciones actual, eludiendo investigar lo ocurrido dentro de Dirección de Minas para dar por buenas unas restauraciones inexistentes».

«En caso de no recibir respuesta por segunda vez, reclamaremos la comparecencia del Consejero de Industria, para interrogarle directamente en comisión parlamentaria. De no hallarse una explicación convincente tras esta batería de iniciativas, el grupo valora la posibilidad de una pregunta en pleno al Presidente. En cualquier caso, «dada la responsabilidad de Javier Fernández al frente de la Dirección General de Minas cuando ocurrieron estos hechos por los que ahora pagaremos triplemente, consideramos que debería aclarar su relación con este asunto motu proprio, sin necesidad de trámite parlamentario», concluyó Fernández Vilanova.