La Fiscalía pide 9 meses de prisión para el ex director del Museo de Grandas


Está acusado de infidelidad en custodia de documentos

La Fiscalía pide 9 meses de prisión para el ex director del Museo de Grandas 2
La Fiscalía del Principado de Asturias solicita una pena
de 9 meses de prisión, el pago de una multa de 2.160 euros e inhabilitación
especial para empleo o cargo público durante dos años para el ex director del
Museo Etnográfico de Grandas de Salime, Francisco Cuesta, por un delito de
infidelidad en la custodia de documentos. 
La vista oral se celebrará el lunes, 19 de enero, en el
Juzgado de lo Penal número dos de Avilés.

El acusado ostentó el cargo de director del Museo
Etnográfico desde el 27 de enero de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2011. El
Ministerio Fiscal sostiene que, con anterioridad a su cese «y faltando a los
deberes de custodia propios de su cargo, hizo desaparecer información y
documentación única, de la que no existía copia impresa, relativa al patrimonio
etnográfico asturiano, contenida en el ordenador del museo». 
La Fiscalía apunta que en julio de 2011, «el acusado encargó
a una empresa con domicilio en Gijón la realización de diversas tareas
informáticas, entre las que se hallaban un formateo del ordenador y una copia
de los datos contenidos en el mismo, que se grabó en un disco duro externo,
proporcionado por el acusado y que éste se quedó para sí». Considera que estos
hechos son constitutivos de un delito de infidelidad en la custodia de
documentos.

Asociación de Amigos del Museo

La Asociación de Amigos del Museo Etnográfico ya manifestó
en diciembre pasado su intención de personarse como acusación particular en el
juicio. Recordaban entonces que «no es esta la primera ocasión en que le
proceder del Señor Cuesta como responsable de colecciones culturales resulta
cuestionado, si bien su muy probable responsabilidad en el depósito en
condiciones deplorables de materiales arqueológicos en el castro de la Campa
Torres no tuvo recorrido judicial al considerarse los posibles delitos
prescritos.
La Asociación considera que los hechos denunciados «suponen
un quebranto irreparable del patrimonio de una institución cuyas funciones van
más allá del simple almacenamiento y custodia de objetos y debe atender tareas
de registro, estudio e investigación, entre otras, seriamente perjudicadas por
la pérdida de documentación relevante a estos efectos».
Entiende además «lesionados los intereses de sus socios,
muchos de los cuales son depositarios de materiales integrantes de la colección
museística cuyo valor patrimonial se ha visto menoscabado a consecuencia de la
comisión del presunto delito».