Aplazada la vista oral a Francisco Cuesta, ex director del Museo de Grandas


Por no estar citado el ex consejero de Cultura y
denunciante

Aplazada la vista oral a Francisco Cuesta, ex director del Museo de Grandas 2
El juzgado de lo penal número 2 de Avilés decidió ayer al
aplazamiento de la vista oral al ex director del Museo Etnográfico de Grandas
de Salime entre los años 2010 y 2011, Francisco Cuesta, al no haber sido citado
el denunciante, Emilio Marcos Vallaure que en el momento de la denuncia era el
consejero de Cultura con el gobierno regional de Foro.
Esta circunstancia podría beneficiar a la Asociación de
Amigos del Museo Etnográfico que ha interpuesto un recurso de reforma contra la
providencia del juzgado avilesino que no admitió su personación como acusación
particular, al entender que la asociación «no presenta la preceptiva condición
de perjudicado y que la causa no se encuentra en el momento procesal oportuno».

Desde la Asociación se considera que, «en la medida que
es miembro de pleno derecho del Consorcio para la gestión del Museo, cualquier
daño ocasionado al patrimonio de éste implica un perjuicio directo. Perjuicio
semejante, al menos, al que representa para el Principado de Asturias,
integrante igualmente del Consorcio y admitido como acusación particular. Se
entienden además lesionados los intereses de sus socios, algunos de los cuales
son depositarios de determinados materiales que componen la colección
museística».  

9 meses de prisión

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita una pena
de 9 meses de prisión, el pago de una multa de 2.160 euros e inhabilitación
especial para empleo o cargo público durante dos años para Cuesta, por un
delito de infidelidad en la custodia de documentos. 
El Ministerio Fiscal sostiene que antes de su cese, «y
faltando a los deberes de custodia propios de su cargo, hizo desaparecer
información y documentación única, de la que no existía copia impresa, relativa
al patrimonio etnográfico asturiano, contenida en el ordenador del museo». 
La Fiscalía apunta que en julio de 2011, «el acusado
encargó a una empresa con domicilio en Gijón la realización de diversas tareas
informáticas, entre las que se hallaban un formateo del ordenador y una copia
de los datos contenidos en el mismo, que se grabó en un disco duro externo,
proporcionado por el acusado y que éste se quedó para sí».