Dos exalcaldes de Cudillero se enfrentan mañana a un juicio por prevaricación administrativa


La Fiscalía solicita para Francisco González y Gabriel López
9 años de inhabilitación

La acusación particular lo eleva un año más y pide medio millón de euros en
concepto de responsabilidad civil

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 9 años de
inhabilitación para empleo o cargo público para los exalcaldes de Cudillero Francisco
González y Gabrier López, acusados de un delito de prevaricación
administrativa. La vista oral está señalada mañana, 29 de octubre, en el
Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés.
El Ministerio Fiscal sostiene que González, alcalde del
Ayuntamiento de Cudillero en la fecha de los hechos, «movido bajo un ánimo de
perjudicar a un sargento de la Policía Local», dictó un decreto a fecha de 17
de septiembre de 2009 por el que ordenaba incoar expediente disciplinario
contra él por presunto incumplimiento en su obligación, relacionada con el
traslado y depósito en la oficina de correos local de la correspondencia certificada
del Ayuntamiento, a diario y dentro del horario de admisión del correo
certificado.

En el decreto se aducía de forma concreta que, por motivo
de ese incumplimiento, se había perdido una subvención de 99.000 euros
aproximadamente de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Gobierno del Principado de Asturias por presentación de la
solicitud fuera de plazo. En el mismo se acordaba como medida provisional la
suspensión temporal del funcionario expedientado.
La Fiscalía mantiene que el acusado conocía que la
solicitud de subvención denegada había sido presentada en plazo, tal y como fue
informado por la secretaria del Ayuntamiento, y por ello se redactó el 18 de
septiembre de 2009 una reclamación previa firmada por el alcalde o por persona
por orden suya dirigida a la Consejería de Medio Ambiente, en la que se
afirmaba que la solicitud denegada estaba presentada en plazo, en abierta y
clara contradicción con lo recogido en el decreto de incoación del expediente disciplinario.
A pesar de ello, González nombró instructor del
expediente disciplinario a Gabriel López, entonces concejal del mismo partido
que el alcalde (PSOE), «actuó en el expediente siguiendo sus instrucciones,
contrarias a Derecho», selaña la Fiscalía. Al mismo tiempo se reunió con
agentes de la Policía que, con posterioridad, serían citados a declarar como
testigos.
De esta forma, López «adoptó a lo largo del procedimiento
disciplinario varias decisiones que causaron indefensión al sargento y que
suponían un quebranto de las reglas de juego o garantías exigibles en el
expediente disciplinario». 
Estas decisiones fueron:

  • Haber impedido la presencia de letrado en la declaración
    del expedientado.
  • No haber dado a la parte la posibilidad de intervenir en
    las testificales practicadas.
  • Denegar la prueba propuesta por el expedientado pese a
    que era esencial y útil.

El 29 de marzo de 2010, el entonces concejal dictó una
propuesta de resolución en la que proponía la separación del servicio del
expedientado, propuesta que fue acogida por el regidor pixueto, quien dictó una
resolución por la que separaba del servicio al sargento. 
El decreto que acordaba como medida provisional la
suspensión temporal de funciones del sargento fue dejada sin efecto «por
desproporcionada» por sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número 4 de Oviedo, el febrero de 2010, y confirmada por resolución de la sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior en noviembre de ese
mismo año. También la resolución sancionadora fue anulada por el Contencioso
Administrativo y confirmada por el TSJA.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de
un delito de prevaricación administrativa y solicita que se condene a cada uno
de los acusados a inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 9
años
, junto con el pago de las costas procesales.
La acusación particular eleva a diez años la petición de
pena de inhabilitación
y reclama también el pago de medio millón de euros en
concepto de responsabilidad civil
.