IU compara a los directivos de Asturgold con Victorino Alonso


Califica de «chantaje» el anuncio de reducción de empleo

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El senador de Izquierda Unida por Asturias, Jesús Iglesias, reprochó esta mañana que la compañía Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC), filial de Asturgold, «trate de utilizar a los trabajadores como presión a la administración para obtener los permisos de explotación».
Iglesias cree que «la mina está recurriendo al chantaje, al mejor estilo de Victorino (en alusión al empresario minero). Parece que es una característica, e igual da que sea una multinacional canadiense que un empresario autóctono, de utilizar a los trabajadores como elemento de presión y de chantaje frente a las administraciones. Y el ERE de la mina de Salave debe ser interpretado en esa clave».

Escucha la intervención de Iglesias:


El senador de IU reaccionaba así al anuncio que ayer hizo EMC de que ajustará su plantilla «a la espera de la Declaración de Impacto Ambiental». La compañía señaló que en los próximos días reducirá la plantilla de trabajadores y colaboradores externos, «una vez que se han ultimado los trabajos de promoción del proyecto minero de Salave y este se encuentra a la espera de la resolución del Principado sobre la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental».
Añade el comunicado que la última información al respecto facilitada por la administración corresponde al pasado mes de julio y que la medida se adopta ante «la incertidumbre tanto del sentido de la resolución como del plazo en que se dictará».
No obstante, matizan, el ajuste laboral «tendría su efecto limitado en el tiempo si, como se espera, la compañía obtiene las oportunas autorizaciones para el desarrollo minero previsto».

El comunicado apunta que EMC ha invertido «alrededor de 20 millones de dólares desde el inicio de los trabajos y trámites necesarios para la explotación del yacimiento – hace ahora cuatro años y medio – cuando las previsiones iniciales eran que esta fase previa no se prolongara más de 24 meses».
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Sobre el asunto, el portavoz del gobierno asturiano, Guillermo Martínez, ha asegurado esta mañana que todos los plazos y trámites «cumplen escrupulosamente la legalidad».

En la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno, Martínez ha subrayado que la administración está siguiendo, «como no puede ser de otra manera, los plazos y procedimientos marcados para la autorización y no hay otro camino».
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