Manuel Álvarez-Cascos: «No dudaré en acudir a los tribunales y exigir responsabilidades patrimoniales»

Tras años de lucha y peticiones, el valdesano Manuel Álvarez-Cascos no ve más opción que acudir a los tribunales para resolver la situación de la finca familiar en Villar (Luarca), incluida en la unidad de actuación de Suelo Urbanizable SUR-R-L-01 del Plan General de Ordenación de Valdés.

Sus gestiones ante el Ayuntamiento para excluir la finca de esta unidad de actuación y que se constituyese como una unidad de actuación independiente o se calificase como suelo urbano directo para su posterior desarrollo, no han recibido contestación, señala, y se ve «en una situación de indefensión y con mi patrimonio secuestrado».

Ha recurrido al Defensor del Pueblo y ha puesto en conocimiento de varios organismos las irregularidades que se ha ido encontrando en sus pesquisas, mientras continúa a la espera de que el Ayuntamiento de Valdés le comunique una resolución.

Para entender esta situación hay que remontarse unos quince años atrás, con la redacción del Plan General de Ordenación (PGO) del municipio, cuando la finca de la familia de Manuel Álvarez-Cascos, se incluyó en la unidad de actuación SUR-R-L-01, como suelo urbanizable, a desarrollar como un plan parcial, por el sistema de actuación por compensación y de iniciativa de planeamiento privada.

Redacción y aprobación del PGO

Ahí sitúa Manuel Álvarez-Cascos el primer despropósito, al calificar el suelo como urbanizable, «cuando las fincas de al lado son urbanas». «Tiene todos los servicios, alcantarillado, acceso rodado, agua, acera y ves que las de al lado son urbanas y la tuya la ponen como urbanizable», apunta.

Varios promotores comenzaron a firmar opciones sobre el resto de parcelas de la unidad de actuación, «pero estos promotores han quebrado, y hoy están en manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que no tiene ninguna intención de desarrollarlo, así que yo me veo atado por una parcela dentro de una unidad de actuación que no se desarrolla y que mi patrimonio está secuestrado».

Petición para excluir la parcela y nulidad de las modificaciones en el PGO

En 2015 se solicitó a la CUOTA (Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias) una modificación puntual del PGO para excluir la parcela de la unidad de actuación y acometer su gestión de manera independiente, bien reclasificándola como suelo urbano directo o mediante una nueva unidad de actuación segregada de la anterior. «Me responden que lo que yo propongo es absolutamente legal, modificando el plan parcial, pero le recuerdan al Ayuntamiento que no se puede hacer ninguna modificación del Plan General mientras no se redacte el texto refundido para lo que el Ayuntamiento disponía de un plazo de cuatro meses que finalizó en marzo de 2007. La ley especifica 4 meses y el Ayuntamiento tardó 9 años; el texto refundido se aprobó en el 2015», apunta.

Explica Manuel Álvarez-Cascos, que esto significa que «todas las modificaciones que se han hecho en el PGO desde el 2006 hasta el 2015 son ilegales, de ahí viene el problema de La Peña, del Cine Goya, etc., y que todas las modificaciones se pueden tumbar».

Queja ante el Defensor del Pueblo

Añade que la ley también estipula que «a los ochos años de aprobar una unidad de actuación, si no se ha desarrollado, hay que revertirla y la nuestra se aprobó en el 2009». Así que a principios de 2020 presenta un documento en el Ayuntamiento solicitando que se anule el plan parcial al haber pasado más de 8 años, pero no obtuvo respuesta.

En este tiempo, Manuel Álvarez-Cascos había acudido también al Defensor del Pueblo, que ha dirigido varias comunicaciones al Ayuntamiento de Valdés solicitando información. La institución instó al Consistorio, mediante sugerencia, a “acordar la sustitución del sistema de actuación por compensación a otro de gestión pública (expropiación o ejecución forzosa) o mixta (cooperación), al haber incumplido los propietarios sus deberes en los plazos establecidos por el planeamiento para desarrollar la Unidad de Actuación de Suelo Urbanizable de tipo residencial SUR-R-L-01, previa audiencia de los interesados”.

El Defensor del Pueblo le dice al Ayuntamiento que, «dada la situación, hay que buscar como deshacer ese bloqueo, que la administración es la responsable de la gestión urbanística y como tal tiene, o que cambiar la forma de actuación y expropiar al resto de los propietarios, o que cambie el sistema de compensación», explica Manuel Álvarez-Cascos.

Respuesta del Ayuntamiento

Tras varios intentos de respuesta a la sugerencia por parte del Defensor del Pueblo, el pasado octubre la institución le remite el escrito del Ayuntamiento de Valdés. En él, desde el Consistorio se señala que el Ayuntamiento continúa a la espera de que los promotores de la unidad de actuación aporten la documentación preceptiva para avanzar en su tramitación, que ha sido requerida en varias ocasiones. Y añade que, por parte de Manuel Álvarez-Cascos se han presentado «peticiones contradictorias», al solicitar la tramitación del expediente y al mismo tiempo un cambio en el sistema de actuación para el desarrollo urbanístico de la unidad de actuación.

La explicación del Consistorio (en el documento adjunto más abajo), concluye que «todas estas circunstancias hacen que actualmente no se pueda acoger la Sugerencia que se traslada desde el Defensor del Pueblo».

Tras esa respuesta, desde el Defensor del Pueblo dan por finalizadas las actuaciones, y desde este órgano le transmiten que «el Defensor del Pueblo ha intentado obtener del Ayuntamiento una reacción administrativa y persuadirle de un mejor funcionamiento, pero se requiere un mínimo de colaboración que no se ha logrado en este caso. En consecuencia, la Sugerencia se entiende rechazada y así se informará a las Cortes Generales. A usted no le cabe más que seguir a la espera de que la Entidad local adopte cuando lo estime oportuno las medidas sugeridas y ejerza de una vez por todas sus competencias en cuanto titular de la potestad de la función pública urbanizadora».

Denuncia ante Fiscalía y Consejo de Transparencia

Manuel Álvarez-Cascos no está dispuesto a detenerse aquí y ha ido denunciando distintas irregularidades que, señala, se ha encontrado a lo largo del proceso. El pasado agosto puso en conocimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que había actas en el Libro de Plenos del Ayuntamiento sin firmar de los años 2013 y 2014. «Desde el Ayuntamiento no se respondió a este órgano, ni a la Fiscalía de Avilés, que abrió diligencias informativas el 26 de noviembre del 2021 por el mismo asunto».

«A mí lo que me interesa es defender mi patrimonio, pero quiero que poner de manifiesto esas irregularidades para que la gente de Luarca sepa que no se me responde a mí como administrado, al Defensor del Pueblo, ni a la Fiscalía y que hay varias irregularidades urbanísticas porque el texto refundido no se aprobó en plazo, y todo lo que se hizo en ese período es nulo, incluida la unidad de actuación en la que se incluyen los terrenos». Y añade, «al principio solicitaba que se reactivase y se construyese la unidad de actuación, pero como eso no se hace lo que ahora exijo es la nulidad».

Ante esta situación señala que no le queda otra alternativa que ir a la vía judicial. «Mi abogado está preparando acciones jurídicas y vamos a exigir responsabilidades patrimoniales; que tengas una hectárea en uno de los mejores sitios de Villar y que tengas el terreno secuestrado y que no puedas hacer nada porque la ley dice que el plan parcial ha vencido, pues no tiene sentido, así que habrá que pedir responsabilidades».